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Novedades - Internacionales

Escrito por Administrator Miércoles, 01 de Diciembre de 2010 09:12

El decreto que adiciona el artículo 122 bis al Capítulo VIII sobre el Aprovechamiento de los Recursos Energéticos de la citada ley, entrará en vigor en enero de 2012, aunque desde ahora las autoridades deberán prepararse para ello

El Gobierno del Distrito Federal publicó ayer el decreto por el que se adiciona el artículo 122 bis a la Ley Ambiental capitalina, respecto a la instalación de tecnología solar para reducir la contaminación en la capital del país.
El documento, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, señala que a fin de reducir el uso de energía y la emisión de gases de efecto invernadero, las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y autónomos del gobierno local deberán, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, instalar tecnología solar de algún tipo.
El decreto que adiciona el artículo 122 bis al Capítulo VIII sobre el Aprovechamiento de los Recursos Energéticos de la citada ley, entrará en vigor en enero de 2012, aunque desde ahora las autoridades deberán prepararse para ello.
Según cifras oficiales en la ciudad de México, el sistema de alumbrado público y los edificios del GDF consumen 542 millones 281 mil 512 kilowatts por hora anualmente, por los que se tiene que realizar un pago aproximado de mil 163 millones 312 mil 682 pesos
Con ello, se espera que para el 2012 los hospitales, escuelas, universidades públicas, centros deportivos y cualquier oficina de carácter público que formen parte de la administración del Gobierno del DF operarán con energía solar.
Sobre el tema, diputados locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) celebraron la publicación de la reforma legal por parte del GDF.
Samuel Rodríguez Torres, vocero del PVEM en la ciudad de México, dijo que las autoridades cuentan con tiempo suficiente para que todos los funcionarios del gobierno capitalino y de las delegaciones políticas, puedan planear su participación en la nueva era de aprovechamiento y uso de energía limpia.
“Es fundamental que los servidores públicos tomen conciencia de la importancia de esta medida y que no asuman la actitud del avestruz, dejando para los funcionarios futuros, la responsabilidad que ellos deben asumir frente al problema del cambio climático, por la emisión de gases efecto invernadero”, dijo. (Con información de Notimex)
Martes 30 de noviembre de 2010 Redacción | El Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Pregunta: ¿Puede ser considerado como antecedente válido el precio obtenido en un remate?

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Institucional - Acerca de

Martes, 30 de Noviembre de 2010 10:48

La pregunta puede parecer muy simple y sin embargo resulta ser muy capciosa.
Ya que muchas veces hemos tenido la oportunidad de debatir sobre la validez de los antecedentes en el proceso de valuación de un inmueble, y lo que debemos de preguntarnos es: ¿si puede/debe o no tenerse en cuenta cuando realizamos una valoración inmobiliaria? ese precio; y que al momento de recabar como antecedentes valores obtenidos en venta por medio de remate o subasta pública, sean válidos.
Tal vez lo que debemos de entender que esto tiene que ser notivador para que la discusión genere una postura coherente y admita las opiniones de ustedes. Así que el reto está sobre la mesa, los invito a redactar y fundamentar su opinión a través de esta página.
Luego se verán los resultados, los que serán publicados! 

 

Los bancos en España comienzan a asesorar a propietarios en riesgo de ejecución hipotecaria para que vendan sus viviendas.

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Escrito por Administrator Viernes, 19 de Noviembre de 2010 10:34

Bancos y cajas no quieren que sigan entrando más viviendas en sus balances y están asesorando a los propietarios de viviendas en riesgo de ejecución hipotecaria para que logren venderlas cuanto antes, según asegura la Agencia Negociadora de Productos Bancarios.

Asesoramiento para la venta de viviendas.

Estas ejecuciones, que rozaron las 28.000 en el primer trimestre de este año, suponen cuantiosas pérdidas para las entidades financieras, dado que el valor de los inmuebles adjudicados  no cubre en un porcentaje creciente de los casos el importe del préstamo concedido.

Además, cada hipoteca ejecutada supone incorporar un inmueble más a su balance, así como la provisión obligatoria por el total del importe prestado, cantidad que se resta directamente de la cuenta de resultados de la entidad y que compromete seriamente sus ratios de rentabilidad y solvencia, explica la Agencia Negociadora.

Del lado de los propietarios, el titular de la hipoteca evita una situación de gran impacto psicológico como es el embargo de la vivienda, y, aún cuando pierde igualmente el inmueble puede quedar liberado de futuros compromisos financieros con la entidad prestataria, puesto que, como está comprobando la Agencia Negociadora, las entidades aceptan rebajas en el precio final de venta.

Nada más parecido a lo que ya hemos vivido recientemente por estas latitudes.

   

Las leyes del negocio

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Artículos archivo... - Artículos de información generica. (Varios)

Escrito por Administrator Jueves, 04 de Noviembre de 2010 15:17

Las burbujas inmobiliarias en todo el mundo responden a dos grandes leyes.

La primera es que se sostienen en el tiempo por un plazo mucho mayor del que pronostican todos los operadores del mercado, incluyendo los potenciales compradores que en la mayoría de los casos se cansan de esperar una baja en los precios y terminan aceptando los valores que pide el vendedor.

La segunda regla, aseguran los expertos en este negocio, es que, aunque sea más tarde que temprano, las burbujas inmobiliarias siempre terminan por explotar.

 

Nuevas regulaciones

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Novedades - Nacionales

Escrito por Administrator Martes, 26 de Octubre de 2010 11:01

Regularán actividad de escribanos, rematadores, inmobiliarias y vendedores de antigüedades
Extreman control a operaciones inmobiliarias por U$S 100.000.- El Poder Ejecutivo se apresta a redactar un decreto reglamentario de la ley 18.494 en el que se establecen los controles que deberán aplicar escribanos, rematadores, vendedores de antigüedades y otros sujetos previstos por la ley para impedir ilícitos vinculados al lavado de activos.

La ley denominada Control y Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo estableció en su artículo 2° que los casinos, las inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, los escribanos, los rematadores, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosos, los explotadores de zonas francas y las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales forman parte de los sujetos regulados para prevenir la comisión de delitos vinculados al lavado de activos.
La norma se aprobó en junio de 2009 y hasta el momento no ha sido reglamentada, pero es prioridad para el Ejecutivo llegar con el decreto reglamentario firmado por todos los ministros antes de que finalice noviembre, dado que sería conveniente presentar la regulación en el XX Pleno del Grupo de Acción Financiera Sudamericana (Gafisud) que se reunirá los primeros días de diciembre en Buenos Aires.

Si bien el decreto está en su etapa final de redacción, Ultimas Noticias pudo saber que se han fijado algunos de los umbrales monetarios mínimos a partir de los cuales los sujetos obligados deben aplicar procedimientos que extreman los controles. Tales procedimientos, de acuerdo a lo que especifica la ley, son el registro de transacciones, el mantenimiento de los respectivos asientos y la debida identificación de los clientes.

Para el caso de los escribanos, las autoridades prevén que deberán cumplir con una serie de requisitos adicionales cuando lleven a cabo operaciones superiores a U$S 100.000 en efectivo o U$S 200.000 en otros instrumentos de pago.

Estas operaciones fueron precisadas en el artículo 2° de la ley y corresponden y son: a) compraventa de bienes inmuebles; b) administración del dinero, valores u otros activos del cliente; c) administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; d) organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades; e) creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos, f) compraventa de establecimientos comerciales.

Cuando cualquiera de las operativas antes reseñadas superen los montos establecidos, los escribanos deberán obtener información personal sobre sus clientes, ya sean personas físicas o jurídicas, chequear que no figuren en listas de personas buscadas por el delito de lavado de activos o ilícitos conexos y certificar volumen de ingresos. Precisamente, la certificación de volúmenes de ingresos constituye una de las novedades de la nueva regulación. Implica que el cliente deberá dar una explicación creíble de cómo obtuvo los fondos para financiar la operación, cuál es su propósito y el escribano podrá requerir información adicional que respalde las afirmaciones de su cliente. Asimismo, se evalúa incluir que, en el caso de sociedades, cualquiera sea su tipo, se pueda solicitar información para determinar quién es el beneficiario de la operación.

Si el cliente se niega a dar la información requerida, los profesionales no podrán continuar la relación comercial.

Más sujetos en la mira

La reglamentación a estudio incluye que los casinos tomen precauciones adicionales cuando sus clientes realicen operaciones que superen los U$S 3.000. En estos centros lo habitual es la compra o canje de fichas, cambio de moneda o transferencia de fondos.
En el caso de los operadores vinculados a la compra y venta de antigüedades , piedras preciosas u obras de arte, se estudia fijar como monto mínimo para instrumentar controles específicos las operaciones por U$S 15.000.Al igual que en el caso de los escribanos, se evalúa fijar en U$S 100.000 en efectivo o U$S 200.000 con instrumentos bancarios aquellas operaciones que se realicen a través de inmobiliarias (en sus actividades de intermediarios frente a compraventas o construcciones) y de rematadores.La ley es muy precisa con el sector financiero, que involucra a unos 300 sujetos obligados. Y si bien desde su promulgación los escribanos, rematadores, inmobiliarias, también quedaron obligados a reportar operaciones sospechosas, con la reglamentación del decreto se ofrece un marco más preciso de actuación, y así se suman unos 8.000 sujetos al sistema de prevención de lavado de activos.
Vale precisar que la regulación prevista no obliga a los profesionales a reportar las operaciones al Banco Central en función de los umbrales fijados. La obligación a reportar operaciones sospechosas rige desde que se promulgó la ley y no está vinculada a la cuantía de la transacción, solamente. La nueva reglamentación obliga a los nuevos sujetos a recabar información adicional sobre sus clientes, las operaciones que realizan y el origen de los fondos de los que se dispone para la transacción.

8.000 obligados

Los 300 sujetos obligados del sector financiero ya cuentan con una cultura de regulación que ha hecho más fácil el intercambio de información dificultando así cualquier intención de utilizar ese terreno para lavar activos. Pero la experiencia indica que, cuando un sector cierra las puertas a los "lavadores", éstos migran hacia otros menos regulados. Es por eso que la regulación recae ahora sobre unos 8.000 sujetos, entre ellos 5.000 escribanos, que no tienen una cultura en el manejo de controles contra este tipo de ilícitos. Uno de los desafíos es capacitarlos para comprender el alcance de las normativas y su correcta aplicación.

Sanciones

El incumplimiento de las obligaciones previstas por la ley determinará la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 Unidades Indexadas y una multa máxima de 20.000.000 UI según las circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor y previo informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.

   

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