HACE DOS AÑOS GASTA $ 1 MILLÓN POR MES; HOY ESTÁ EN REFORMA

Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirE-mail

Novedades - Nacionales

Escrito por Diario El País - DANIEL ISGLEAS 15 ago 2015 Lunes, 17 de Agosto de 2015 23:45

Casinos paga alquiler por edificio que no usa

Al cabo de dos años, la dirección general de Casinos lleva abonados $ 24 millones, (casi US$ 1 millón) por el alquiler de varios pisos de un céntrico edificio que no utiliza porque aún no está acondicionado.

El arriendo de varios pisos en un edificio motivó al diputado blanco Amin Niffouri. La idea, en 2013, fue centralizar sus varias oficinas en un mismo lugar. A esta cifra hay que sumarle otros $ 500.000 por el alquiler de las oficina que está usando en otros edificios. El edificio, ubicado en la calle Soriano 802, 832 y 834, pertenece a un grupo empresarial argentino con el que Casinos, en la persona de su director Javier Chá, había negociado tiempo atrás la construcción de un hotel cinco estrellas en Atlántida con la explotación de la sala de juegos local, una de las más antiguas del país. El pago durante dos años del elevado alquiler sin poder ocupar el edificio hizo que hace 40 días el diputado nacionalista Amin Niffouri cursara un pedido de informes a la dirección de Casinos, por medio del ministerio de Economía y Finanzas. Chá pidió ahora 30 días más de plazo para responderle al legislador. "Están pagando más del doble, es decir casi $ 1 millón por mes, según la información que tengo", dijo el diputado a El País. Niffouri recordó que "Casinos depende de Economía y el ministro Danilo Astori está diciendo que hay ser austeros. Entonces, haz lo que digo pero no lo que hago. Es el lujo de la miseria", opinó. En agosto de 2014, el diputado Orlando Lereté —quien suplía a Luis Lacalle Pou cuando estaba en la Cámara de Representantes— realizó un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema, el que fue contestado poco después por el entonces ministro de esa cartera, Mario Bergara. Allí, Economía confirmó que el costo del acondicionamiento térmico y ventilación del lugar arrendado (además de la desinstalación y retiro de equipos existentes en los locales de las oficinas centrales de Casinos actuales), es de US$ 211.274. En el pedido de informes, el legislador Lereté había solicitado aclarar lo referido a una licitación, que según consta en la propia resolución de adjudicación la Comisión Asesora de Adjudicaciones sugirió rechazar la oferta de arrendamiento por considerarla "manifiestamente inconveniente". También el año pasado, Casinos aprobó una licitación abreviada para el suministro e instalación de tabiques, aberturas y cielorraso para el lugar alquilado donde funcionará el Taller Central de Máquinas de Casinos, depósitos y estacionamiento. El importe a pagar a la empresa adjudicataria por este trabajo fue de $ 1.573.225. Actualmente, la dirección de Casinos arrienda instalaciones para funcionar por un costo mensual de $ 481.368, según la respuesta de Economía enviada al Parlamento en 2014. Los locales están en Paysandú 1094, Avda. Libertador 1519 al 21 y 1525, Paraguay esquina Nicaragua y Avda. Libertador 1541. Asimismo, a mediados de 2014, el sindicato de trabajadores de Casinos emitió un comunicado en el que ya advertía que el acondicionamiento del edificio llevaría por lo menos un año. Fuentes sindicales informaron a El País que actualmente se están alquilando otros pisos del mismo edificio a un precio inferior al que se le cobra a Casinos por el arrendamiento. Niffouri, en su pedido de informes, solicita una copia del pliego de condiciones de la licitación pública 12/011 y copia de todo el expediente 305/11. Preguntó además en qué fecha está previsto que se ocupe el edificio mencionado, y cuál va ser el destino de los inmuebles que actualmente ocupan las dependencias de Casinos.

A punto de firmar concesión en Atlántida.

El sindicato de trabajadores del juego afirmó en 2014 que el director de Casinos, Javier Chá, "estuvo a punto de firmar un contrato ilegal por el Casino de Atlántida" con el mismo grupo económico propietario del edificio de la calle Soriano. Se trata de ICK, un grupo económico con asiento en la provincia argentina de Santiago del Estero, que gestiona canales de televisión, radios, bancos, hoteles y empresas de servicio, y que ya ha realizado varias inversiones inmobiliarias en Uruguay. Según este proyecto, pensaban levantar un hotel cinco estrellas en la rambla de Atlántida y explotar la sala de juegos. Sin embargo, el proyecto no prosperó. Javier Chá, director de Casinos, declaró a El País que la suspensión de la firma del contrato con la empresa del Grupo ICK obedeció a que no presentó en tiempo y forma la documentación que avalara que posee los fondos necesarios. "No es que se desconfíe de la solvencia del grupo pero la disponibilidad de los fondos del proyecto debe estar debidamente acreditada", dijo Chá. Días antes de la firma del contrato con el grupo ICK, el abogado Fernando Magnífico, jefe de Jurídica de Casinos, emitió un informe contra la celebración del contrato por la existencia de serias irregularidades en el proceso.

 

CORRIMIENTOS

Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirE-mail

Novedades - Nacionales

Escrito por Diario El País Suplemento de Economía & Mercado - por LUIS CUSTODIO Miércoles, 29 de Julio de 2015 09:22

El precio no es el principal problema

Los estímulos a la oferta y el apoyo a la demanda están dando los resultados esperados con la reestructura en vivienda

El objetivo central de la nueva política de vivienda —que tiene a la ley de vivienda de interés social como uno de sus instrumentos más destacados— se está cumpliendo, a juicio del ex Presidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), el economista Carlos Mendive. Para el especialista, la estrategia dirigista del Estado apuntó a impactar en el conjunto del mercado a través del apoyo tanto a la oferta como de la demanda, y no le preocupa hoy que los precios de algunas de las nuevas unidades puedan resultar altos en Montevideo para el sector objetivo del nuevo sistema, porque se está influyendo en el mercado de vivienda usada a través de un "corrimiento" en el stock, dinámica a partir de la cual se liberan otros inmuebles. Remarcó que se está en una primera fase de la reforma, donde ya se avizoran resultados positivos en materia urbana y en inversión para arrendamiento, y que los reales efectos se verán a mediano y largo plazo. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Cómo evalúa la evolución de la aplicación de la ley de vivienda de interés social y las demás medidas dispuestas en los últimos años?

—La preocupación, tal como se está dando el debate actual, es no acotarlo a si los precios de las viviendas están más o menos caros; creo que es importante enmarcar la ley en un conjunto de reformas que llevaron a la creación de un nuevo sistema de financiamiento e inversión que recién está en su primera fase. Esta reforma no está dirigida a quienes tienen la posibilidad de acceder directamente con sus ingresos a una vivienda sin necesidad de ayuda, y tampoco a aquellos que solo pueden alcanzar una solución habitacional digna con asistencia casi total del Estado. Se apuntó a atraer la mayor cantidad de recursos desde el sector privado para que financie e invierta en la mejora del stock de viviendas, teniendo en cuenta que es el mercado el mayor proveedor de las necesidades habitacionales de la población. Lo que se buscó desde la política habitacional es mejorar la capacidad de acceso a ese mercado. ¿Dónde puede influir la política habitacional?, en la relación calidad-precio del stock habitacional y en mejorar el acceso al financiamiento. La reforma trabaja con esos objetivos, con que el Estado, a través de políticas proactivas pueda dirigir al sector privado, sea financiando o invirtiendo, para lograr los resultados que defina la política pública habitacional. ¿Y cómo dirige e influye? Con regulaciones, cambios institucionales, estímulos a la oferta, apoyos a la demanda, con intervención directa y una cantidad de herramientas más que se fueron implementando en estos últimos períodos.

Reinvención

—¿Con qué resultados?

—Respecto al financiamiento se partió de un sistema quebrado, se decide reconstruir el Banco Hipotecario y hoy lo tenemos otorgando créditos con una participación del 55% del mercado, con una vocación clara de atender a la mayoría de la población a través de préstamos a los compradores —ya que el financiamiento a los desarrolladores se le quitó como facultad con la reforma de la carta orgánica de 2007—. Se reinventó una institución estatal como el BHU sobre bases más transparentes de origen y gestión del crédito hipotecario, pero sin inhibir la participación del sector financiero privado, que hoy tiene una parte mucho más importante del mercado que lo que tenía antes de la crisis de 2002. Y ello es sano para el desarrollo del sistema de financiamiento en su conjunto. Una muestra de que el mercado hipotecario está trabajando bien es que el BHU volvió al mercado de capitales a través de la emisión de obligaciones negociables, pero más importante aún es que el sector privado comenzó a utilizar un instrumento financiero creado por ley desde la Agencia Nacional de Vivienda, que son las notas de crédito hipotecario. Es el caso del banco HSBC, que ha emitido notas de crédito hipotecario por 50 millones de dólares, buscando mitigar los riesgos de descalce de plazo. Por otro lado, ha habido una respuesta acorde de la banca privada a las necesidades de financiamiento a la construcción de viviendas, aunque hoy sería positivo facultar al BROU con la ley de financiamiento en el pozo.

—Es una primera fase de la nueva política...

—Sustituimos un esquema en el que el BHU era casi monopólico, con el Estado asumiendo todos los riesgos, por otro que está en plena fase de maduración, que busca captar más recursos que se vuelquen al financiamiento a la vivienda. No es meramente una respuesta coyuntural a una determinada problemática.

Los beneficiados

— Sin embargo, no está llegando directamente a los sectores objetivo…

—Con la ley lo que se busca en Montevideo es impactar en el mercado a través de un cambio exógeno como es la reducción del costo de construcción de las viviendas nuevas vía exoneración tributaria. De forma tal de tener un efecto significativo sobre el conjunto del mercado. Ese es el objetivo final de la vivienda de interés social. No es que todas las viviendas que se promuevan le lleguen a los sectores de la población objetivo. Algunas sí pueden estar llegando, porque dentro de lo que se construye hay cierta heterogeneidad de productos y precios. Lo que se buscó es impactar fundamentalmente sobre el mercado de vivienda usada. La vivienda nueva ya de por sí es más cara que la usada, en cualquier situación; sería un contrasentido decir que vamos a poner en el mercado viviendas nuevas más caras que las usadas para que puedan acceder aquellos sectores cuya demanda no está satisfecha en el mercado existente.

—¿Y cómo impacta en el mercado esa inversión?

—A través de un corrimiento de los hogares en el stock habitacional. La literatura de economía de la vivienda lo denomina filtering. Existe una dinámica en el mercado de vivienda donde la gente se muda en razón de sus necesidades y demanda efectiva, utilizando viviendas nuevas y dejando libres otras. En la medida que se produce una mejora del stock por la incorporación de un volumen significativo de viviendas nuevas de mejor calidad, es esperable que haya una traslación de mejor relación calidad precio al mercado de viviendas usadas. Estas dinámicas son más pronunciadas en los mercados de arrendamiento que en los de compra venta, dado que hay mayor movilidad. Pero es claro que estos efectos llevan su tiempo para que se materialicen.

Mensaje confuso

—El mensaje no quedó claro, cuando se dijo hacia donde se apuntaba…

——Eso es cierto, creo que no quedó claro. A pesar que en las presentaciones decíamos que el objetivo final era mejorar la relación calidad precio en el conjunto del mercado. En la primera etapa se buscó en Montevideo, además del objetivo en materia de vivienda, utilizar la herramienta de la ley para alcanzar logros desde el punto de vista urbanístico revitalizando áreas céntricas e intermedias de la ciudad. La ley define explícitamente entre sus cometidos

Leer más: CORRIMIENTOS

 

Una “calle roja” en pleno Centro

Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirE-mail

Novedades - Nacionales

Escrito por Diario El País - CARLOS CIPRIANI LÓPEZ Lunes, 29 de Junio de 2015 06:56

“Construyendo futuro aquí”, reza el cartel del Mides ubicado en la céntrica calle Convención, en un tramo convertido hoy en un corredor de la indigencia. Feo futuro, el de Montevideo.

Fuegos extraños, mesas precarias son parte de esta naturaleza moribunda.

Fuegos extraños, mesas precarias son parte de esta naturaleza moribunda.


Acosan a mujeres, cocinan grasa en la calle, fuman pipas, roban y se pelean


Los vecinos sacan la basura, los hurgadores la revuelven


Psiquiátricos, drogadictos y exreclusos componen la variopinta población.


Donde funcionó la empresa Passa y luego un depósito de materiales electricos, llegan a dormir hasta 10 personas.

Alcalde: “Los vecinos no pueden salir de su casa” - “Mi casa fue asaltada, saqueada y quemada” El hombre, de unos 30 años, tomó del brazo a una joven veinteañera y la dejó de espaldas contra una pared. Con pocas palabras emitió su orden: “¿Ves a esos tres? Van a volver de noche. Vas con los tres y si no te muelo a palos”. El cafisho vio cómo su “mercadería” se sentaba en el escalón de una casa, en silencio, lo que suponía una completa sumisión. Mientras bajaba la luz solar en una gélida tarde de invierno, previa al veranillo de estos días, en la esquina más cercana, la de Convención y Paysandú, un morocho corpulento de mediana edad no dejaba títere con cabeza. “¡Tío! ¡Vo, ey! Hoy es mi cumpleaños. ¿Sale pal vino? Ahora... ahora... porque ya voy a festejar”. Otros cuatro tipos aparecían sentados en la puerta de un edificio, haciendo cola para orinar contra una pared, sobre una vereda peculiar, porque allí los vecinos decidieron un día picar una canaleta en dirección al cordón y la calle. Ese mingitorio se convirtió en uno de los pocos signos de mínima convivencia entre los residentes y las decenas de personas que invaden la cuadra todos los días, ocupándola las 24 horas o transitándola con afán de cumplir diversas transas. En ese corredor de la indigencia, también se cocina a cielo abierto; un veterano sentado en un butacón aparece revolviendo una bola de grasa dentro de una olla carbonizada, que calienta con el fuego de tablitas de un cajón de feria. Hacia la intersección de Convención con Cerro Largo, está la oficina del Mides, la Puerta de Entrada. Hasta allí llegan hombres y mujeres que se inscriben para ingresar a los refugios y esperan su traslado en ómnibus que asigna el propio Ministerio de Desarrollo Social. Pero a su alrededor va congregándose gente que no tiene aspiración de acceder a ese servicio, e incluso ha ido sacando baldosas de la vereda del Mides cada vez que se arma un tole-tole por cuestiones de poder, territorio o en medio de meras borracheras. Comerciantes y vecinos dicen que están viviendo en una suerte de infiernomontevideano, a pocas cuadras de la Torre Ejecutiva. En una empresa de instalaciones eléctricas ubicada en la planta baja de un edificio de Convención y Paysandú hace más de 60 años, Héctor Rubio, representante de la tercera generación, explicó a El País que no saben más qué hacer. Juntaron 300 firmas en el barrio y las presentaron en la Intendencia, el Mides y la Policía. Él personalmente concurre desde hace años a la seccional tercera a realizar denuncias. “A la fachada del edificio le pusimos focos de luz para que por lo menos de noche tuvieran el pudor de irse, porque duermen en la ochava. Pero duraron dos días, los rompieron ellos. Hacen sus necesidades en la puerta de entrada del local. Entra nuestro personal y tiene que limpiar las materias que dejan ahí. Este edificio tiene muy buena construcción, es de 1954, lo hizo mi abuelo, los apartamentos son muy lindos, pero ya hay cuatro vacíos. Mi madre me comentaba: Pensar que tu abuelo estaba en la duda entre hacerlo en Bulevar Artigas y 21 de Setiembre y eligió acá para poner las oficinas. Ella, pobre, una persona mayor, lo sufrió, le arrebataron la cartera no sé cuántas veces. Uno ve a los tipos: si los vienen persiguiendo se cambian la ropa; había un cuidacoches que les guardaba las cosas robadas. No puedo creer que la policía no conozca a los chorros, hasta yo los conozco. Tres gurisas estudiantes del interior se fueron hace poco, estaban azoradas. Se metían con ellas, las manosearon. Hay varias personas de mal vivir por aquí, pero qué pasa: están rotando siempre, la mayoría. Unos veinte están siempre y esos, como nos conocen, no se meten. Con los nuevos hay problemas permanentemente. A las mujeres las acosan. Una vez, peléandose entre ellos, a un tío mío le rompieron todo el capó del auto”.

Entre las nubes. Encima de la cortina metálica de un local para depósitos que se encuentra cerrado, hay un alero proyectado como resguardo para las cargas y descargas. Un grupo de indigentes trepa hasta allí todas las jornadas; se encuentra radicado con sus mochilas, colchones y ropa de abrigo. Y no faltan los “lateros”, por supuesto. “Los que duermen ahí arriba no sé cómo no se caen, parecen gatos por cómo trepan; contra las puertas de otros vecinos, desde temprano, a las siete y cuarto de la mañana uno los ve drogándose con las pipitas. Viven drogándose. Y ver comer a algunos es terrible, lo hacen con las manos”, contó el empresario Rubio a El País. Desde su oficina, tras las cortinas de hierro caladas, cualquiera puede sentirse un Gran Hermano, aunque gana la incomodidad y la pena. Al frente del depósito quedaron colgando cables del sistema de alarmas, pero la activación de estas se daba tan seguido que, por eso, y debido a algunos robos, quienes lo alquilaban terminaron mudándose. Ahora, hasta encima de las cornisas hay pertenencias de los vagabundos. “Estamos con este drama desde que vino el Mides. Teníamos la esperanza de que iban a trasladar su local, pero pasaron dos gobiernos y si te he visto no me acuerdo. Pasan el día entero sin hacer nada, salvo drogarse”.

Cajas de OSE, UTE y Antel se usan como roperías. Los nichos de agua, luz y teléfono son la ropería de quienes tienen una especie de campamento en la calle Convención, entre Paysandú y Cerro Largo. No hay candado que se resista. Antel ya había cambiado varias veces las cajas de distribución de teléfonos. Algunas puertas de viviendas se ven chamuscadas por el fuego que encienden las personas que duermen en la calle, sea para cocinar o calentarse. También aparecen ennegrecidas las paredes de mármol de un edificio. La orina escurre por las paredes y los hedores invaden oficinas y residencias.

Estampas y estampidas. Los apartamentos que se desocupan no son codiciados y van perdiendo valor en la calle Convención. Gente mayor y mujeres han decidido mudarse debido a robos o acoso. Un depósito de implementos de electricidad está abandonado y tampoco nadie manifiesta interés por arrendarlo. Una automotora empezó a construir un nuevo local a cuatro cuadras. La Seccional 3ª de la policía realiza algunos procedimientos ante las denuncias de vecinos y comerciantes, pero más allá de las detenciones pocos terminan recibiendo alguna pena alternativa por diversas faltas cometidas.

   

Ruinas: tesoro abandonado a la vista

Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirE-mail

Novedades - Nacionales

Escrito por Diario El País - TOMER URWICZ sáb jun 27 2015 Sábado, 27 de Junio de 2015 14:37

Problema o solución. La cada vez más naturalizada postal de casas tapiadas en Montevideo es, en parte, la imagen de un conflicto ideológico y jurídico que sigue sin resolverse: ¿Hasta cuándo habrá que permitir el abandono de una propiedad? ¿En qué medida no reside, allí, una solución habitacional?

Los vecinos del barrio llaman al propietario para que saque a los ocupantes de la casa. El propietario no puede sacar a los ocupantes porque la Policía no interviene. La Policía no interviene porque no tiene orden judicial. La Justicia no da la orden porque el propietario tiene deudas con la Intendencia. El propietario tiene deudas con la Intendencia porque su vivienda está ocupada. Y los ocupantes no quieren salir de ahí. Desde la restauración democrática se han presentado ocho proyectos de ley al Parlamento para solucionar el problema de las viviendas abandonadas (ver página 5). Una legislatura tras otra, estos proyectos fueron a caer a saco roto. Y, una legislatura tras otra, fueron reciclados para de todas maneras volver a fracasar.

Al parecer, 2015 no será la excepción. En abril entró al análisis de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes un proyecto de ley del frenteamplista Alfredo Asti que busca un cambio jurídico a la situación de los bienes inmuebles abandonados. Se trata de una iniciativa que había quedado pendiente y que se retoma ahora.

Y en dos semanas, además, Unidad Popular presentará su Plan Nacional de Vivienda Popular, el cual, curiosamente, es compartido en parte por el grupo del senador blanco Luis Lacalle Pou. Es que la existencia de “agujeros negros”, como se conoce a las fincas desatendidas, es una problemática que, al menos en el discurso, preocupa a todos los partidos políticos. Estiman que en 2020 harán falta en el país 80 mil viviendas. Hoy hay 53 mil abandonadas, 10 mil de ellas en estado ruinoso.

Y de las restantes 43 mil, solo un 3% es “irrecuperable”. Existen verdaderos tesoros que hoy lucen con las ventanas tapadas o con las fachadas a medio caer. Solo en Punta Carretas y Villa Biarritz hay 50 propiedades visiblemente abandonadas, según datos a los que accedió El País sobre un relevamiento que está haciendo en el Municipio CH la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Allí, donde el precio de la tierra es el más caro de la capital, “la consolidación del abandono es muy similar a las zonas más cercanas al Centro o Reducto”, dice Mariana Ures, una de las investigadoras.

Foto: Darwin Borrelli.

Contaminación ambiental, pérdida de dinero, desaprovechamiento de posibles soluciones habitacionales, incremento de la inseguridad y conflictos entre vecinos son solo algunos de los puntos candentes de una situación que indigna a muchos. Pero hay más. “La ciudad, al dejar esos puntos vacíos, se expande más hacia la periferia, lo que incrementa los gastos del Estado”, dice Mauricio Guarinoni, director Nacional de Gestión Territorial del Mides. Hay que hacer llegar la luz, el saneamiento y los servicios. Dicho así, parece incomprensible que en la zona céntrica de Montevideo —municipios B y C— haya 339 predios visiblemente abandonadas. Puede parecer poco en una superficie de 2.500 manzanas, pero si se las pusiera todas juntas abarcarían 15 manzanas enteras. O, lo que es lo mismo, 2.350 viviendas para una familia tipo (75 m2). Lo que subyace es la falta de regulación y un conflicto ideológico que es motivo de disputa entre marxistas y liberales: la propiedad privada.


Foto: Darwin Borrelli.

“El abandono está regulado solo en el Código Civil”, indica Antonio Yglesias, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de la República. “Lo que falta es más regulación; una ley sin modificar la Constitución”. La propiedad es un derecho constitucional, “pero también conlleva sus obligaciones”, aclara Guarinoni. “Incluso que no te ocupen la casa es un deber del propietario y no puede hacerlo tapiándola”. En la práctica, solo las intendencias y el Ministerio de Vivienda pueden solicitar la declaración judicial de abandono porque el propietario incumple sus obligaciones. Lo que propone el proyecto de Asti es que “se aplique el derecho tácito, es decir, si un propietario no muestra voluntad de conservar y cuidar su vivienda, se entiende que está en abandono”, explica Guarinoni, que es uno de los redactores del proyecto. Cuando el dueño de la finca demuestra su ánimo de quedarse con el bien (y da pruebas), lo hace, a menos que el Estado considere que está en un lugar estratégico y opte por su expropiación (pagando su justa compensación), dice el texto.

“En muchos casos no hay con quién hablar. Son sociedades anónimas que desaparecieron o es una sucesión familiar de hace 100 años”, comenta Elena Goiriena, de la Defensoría del Vecino de Montevideo. “Y si no se resolvió durante un siglo, difícil que se solucione a corto plazo”. En el 5% de las fincas abandonadas no se conoce un propietario. El 7% son del Estado y el resto de privados, según la investigación de Ures junto a Gonzalo Bustillo, también de Facultad de Arquitectura. Para llegar a los datos, estos integrantes del Instituto de Urbanismo recorrieron todas las calles de los municipios B y C —ahora lo están haciendo en el CH— y constataron, visualmente, el grado de deterioro y conservación. Luego miraron el registro a ver a quién pertenecía y en qué situación jurídica se encuentra el bien. También comprobaron, aunque no fue parte de su estudio, que si bien una ley puede ayudar, hoy existe capacidad operativa para hacer más de lo que se hace. Prueba de ello son los inmuebles que tiene el Estado inutilizados. El presidente Tabaré Vázquez pidió un listado de todos esos bienes en abril y la escribanía del Gobierno tiene 120 días para dar a conocer ese relevamiento. Lo cierto es que “hay organismos que ni saben lo que tienen”, afirma Goiriena, de la Defensoría del Vecino. La Administración Nacional de Educación Pública recibe las sucesiones que quedan sin un heredero.

Herencia. Los colores vivos de la ropa que cuelga en el tendedero contrastan con una fachada gris y venida a menos. Hace un siglo era el lugar de veraneo de los ricos; ahora es una casona perdida entre matorrales. Es la casa quinta de un tal Tucci, en el Prado. En su tiempo fue una majestuosa mansión con entrada principal por Eusebio Valdenegro y cuyo fondo da a la costanera del arroyo Miguelete. Desde hace más de 10 años está abandonada y ocupada. No hace falta un papel firmado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para notar que esa casona es patrimonio histórico. En la década de 1940, por sucesión familiar, el predio fue a parar a dos señoras que no lo pudieron mantener. Hoy acumula deudas por casi el valor catastral —4,5 millones de pesos. Como esta, otras edificaciones que forman el acervo arquitectónico son testimonio de la decadencia. En mayo, pasó a la órbita del Ministerio de Vivienda un predio detrás del Palacio Peñarol que era propiedad del MEC. Este lugar, donde funcionó la antigua estación de trenes que iban a Pando, es patrimonio histórico. Estuvo durante años ocupado. Era un nido de carpinterías ilegales y familias que dormían bajo instalaciones ruinosas —y sin habilitación. “Se logró vaciarlo, ahora pasa a Vivienda y luego se harán tres proyectos porque el terreno es muy grande”, cuenta Goiriena. Edificios sin terminar, casas de época y viviendas cerradas con bloques de hormigón son parte del paisaje con el que se encontraron los arquitectos especializados. “Esas imágenes se están naturalizando, pasan las décadas y siguen intactas o deteriorándose”, afirma Bustillo. Al ir a los documentos, el equipo constató que ocho de cada 10 propietarios no pagó el impuesto de tapiado. Y —más sorprendente aún— la deuda acumulada con la Intendencia de Montevideo es de 40 millones de dólares, cuando el valor catastral es de 25 millones. “La Ciudad Vieja es el mayor reservorio de patrimonio histórico de Uruguay y, a la vez, el lugar relevado con mayor cantidad de propiedades abandonadas”, señala la arquitecta Ures. Lejos de ser una solución, el carácter patrimonial puede ser parte del problema. “Puede que te descuenten parte de la contribución, pero también te exigen qué tipo de cuerito necesitás cuando cambiás las canillas”, ironiza la asesora de la Defensoría del Vecino. “Y a la hora de proteger tu casa, no tenés ningún respaldo”. Al arquitecto Bustillo lo que más le preocupa es el patrimonio simbólico, la herencia que le queda a la otra generación. “¿Qué pasa con el esfuerzo económico, ecológico y el tiempo que implica la construcción de una vivienda?”, se pregunta. “¿Qué le dejamos de herencia a la sociedad que viene? Tanto se habla de sostenibilidad (o sustentabilidad). Las ciclo vías y reciclamiento de residuos son importantes, pero no lo único necesario para la sostenibilidad. Hoy tenemos la posibilidad de dejarle a la futura generación una herencia que valga la pena o una ruina”. Pero más allá del valor patrimonial (histórico o simbólico), hay casos que llevan más tiempo de resolución que otros. Desde 2009, la Defensoría del Vecino tuvo tres ejemplos emblemáticos. Y todos se solucionaron a medias. El primero fue la sede de Comaec, en Bulevar Artigas y Maldonado. Los vecinos terminaron comprando el terreno y están a la espera de que se presente algún proyecto. El ex hotel Casino, en Gonzalo Ramírez y Salterain, es otra de las fincas conocidas y abandonadas. El propietario le pagó al último de los ocupantes para que haga las veces de sereno e impida entrar intrusos. El edificio está a la venta y semivacío. A metros de los cuernos de Batlle, sobre la calle José Pedro Varela, hubo otra finca con familias enteras viviendo en condiciones desastrosas. Esos ocupantes lograron una solución habitacional pero el predio espera por un proyecto. “Lo ideal es que estas fincas pasen a la cartera de tierras, así pueden utilizarse como solución habitacional. Si no, quedan a la venta a la espera de que a alguien le interese y sirva”, dice Goiriena. Otros entienden que mientras esas propiedades tengan dueño, Este tiene el derecho de hacer lo que quiera. Es un debate que promete reeditarse en este período.

La imagen de un patrimonio que pelea por sobrevivir.


Foto: Darwin Borrelli.

En un auto, los investigadores de la Facultad de Arquitectura recorren una por una las manzanas de los municipios a estudio. Cuarenta días les llevó inspeccionar las 2.500 manzanas de la zona céntrica. Pero algo les impactó. Mientras que en Reducto o Brazo Oriental la cantidad de viviendas abandonadas era casi “nula”, en la Ciudad Vieja eran más de las que imaginaban. Es que allí, donde reposa la mayor reserva patrimonial del país, los “agujeros negros” son el doble que en el Centro. A su vez, hacia el sur de 18 de Julio hay más abandono que en la zona norte. Desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) advierten que el crecimiento habitacional hacia la periferia es un gasto extra para el Estado. Y para el sector turístico, el abandono del Centro es una “mala imagen” para los visitantes. Eso sí, sus cámaras captan hasta árboles en los balcones.

 

EL EDIFICIO DE LA GALERÍA COSTA SERÍA TERMINADO POR PROMITENTE COMPRADOR

Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirE-mail

Novedades - Nacionales

Escrito por Diario El País - CARLOS CIPRIANI LÓPEZ Viernes, 22 de Mayo de 2015 09:28

EL EDIFICIO DE LA GALERÍA COSTA SERÍA TERMINADO POR PROMITENTE COMPRADOR

IMM amplió el plazo para reconstruir un "fósil" de 18

Ni el nuevo boom de la construcción que se expande por los barrios de Montevideo ha podido hasta ahora revertir la situación del esquelético dinosaurio de la avenida 18 de Julio y Tacuarembó, cuyas obras se abandonaron en 1979.

 

Pero hay novedades en trámite; un grupo de construcción español que está efectuando varios proyectos en distintos barrios de Montevideo adquiriría el inmueble para efectuar viviendas de interés social. A fines de febrero de este año, ingresó en la Junta Departamental una resolución de la Intendencia para que fuese aprobado un nuevo plazo de 7 meses prorrogables a 3 más para que se presente un nuevo permiso de construcción, a solicitud del particular que es propietario del terreno y edificio estancado, y de un promitente comprador. La dueña (Claudia Monichon) había establecido el 28 de noviembre de 2014 una promesa de compraventa del edificio, conocido como el de la Galería Costa, por la suma de un millón quinientos mil dólares.

La carta.

En documento dirigido al entonces director de Recursos Financieros de la IMM, Arturo Echevarría, la futura vendedora explicaba, el 9 de diciembre de 2014, que pedía una ampliación de plazo al haber vencido el de 120 días establecido en el decreto 35.190 del 17 de julio de ese año, a efectos de presentar un nuevo permiso de construcción. Como futuro comprador figuraba Mauricio Levitin, un desarrollista inmobiliario que realiza varios proyectos de alto impacto en Montevideo, como la culminación de las obras en la exFábrica Alpargatas, "Altos del Libertador", todos los emprendimientos Nostrum, o el Bilu Carrasco y Smart Office, según se indica en la propia carta dirigida a la Intendencia. Los firmantes señalan que, como todos los proyectos Nostrum, el edificio a construirse en 18 de Julio quedará amparado por los beneficios de la Ley 18.795 (de Vivienda de Interés Social) y por lo tanto debe ser aprobado antes por la Agencia Nacional de Vivienda. La preparación del proyecto y todos los planos demandaría 90 días y la Agencia podría tomarse hasta 120 días para expedirse en el asunto.

Puja legislativa.

En la sesión del parlamento capitalino, el pasado 9 de abril el edil Mario Barbato dijo que la bancada del Partido Colorado se oponía a una prórroga de plazos puesto que ya se había otorgado en 2014 una de 24 meses para la culminación de las obras. "Ha pasado un plazo de nueve meses y las gestiones continúan a fojas cero", sentenció el edil Barbato. En el plenario, de todos modos, la prórroga se resolvió con 21 votos en 23. El edil nacionalista Juan Curbelo señaló que su bancada votó a favor teniendo en cuenta que la principal avenida "merece el esfuerzo de ser parte de la solución y no del problema", pero agregó que "el procedimiento ha sido errático", y que se deberá "verificar y generar controles estrictos para saber a quién le estamos ofreciendo o brindando estos beneficios". El edil frenteamplista Eduardo Lucas (MPP), manifestó que la política de la Intendencia para intentar incorporar al tejido urbano edificios como el de la Galería Costa, "ha tenido dificultades", pero que debe seguir apostándose a eso con la exigencia de que el beneficiado "esté al día con los convenios respectivos y con los tributos". Mientras pocos locales comerciales continúan abiertos, y prosiguieron los desalojos de precarios, la galería continúa escondiendo (más que atesorando) un mural de Dumas Oroño, y provocando ante la comuna denuncias de vecinos y comerciantes que residen en fincas linderas, afectadas por humedades y mosquitos cuando las lluvias invaden la penosa mole del Cordón. Galería Costa, Junta Departamental, Intendencia de Montevideo. Junta Departamental, Edificio Galería Costa

Idas y vueltas.

En noviembre de 2012, la empresa Adefil S.A. pretendía comprar y reconstruir el edificio. Nation S.A. era el dueño. El edil frenteamplista Jorge Buriani declaraba a El Observador que las partes buscaban una "fórmula de sanación" de los tributos impagos para acordar un importe de compra. La exoneración a Nation se calculó en US$ 2 millones por concepto de multas y recargos generados desde 1979, cuando se abandonó la obra del Cordón. Por el decreto 34.455 del 29 de noviembre de 2012 se facultó a la Intendencia a reliquidar las deudas de Nation y se la exoneró del 75% del impuesto a la edificación Inapropiada. La condición establecida fue que se culminaran las obras en un plazo de 36 meses. De no ser así se daría "la reactivación total de la deuda original con la multa y los recargos correspondientes". El 27 de mayo de 2013 se estableció una prórroga de 45 días de las facultades establecidas en el decreto 34.455, ante una gestión del señor Oscar Pereyra, quien figura entonces como promitente comprador del padrón 942 en donde está el edificio inconcluso de 18 de Julio. Se daba ese nuevo plazo "a fin de obtener la documentación faltante de la empresa Nation y la emisión del Certificado Único para Enajenar". En abril de 2014 aparece otro supuesto propietario del bien y denuncia que por el plano real debía pagar tributos por 48 locales comerciales. Pero había otro plano apócrifo que exigía pagos a la IMM por 56 locales.

Panorama deprimido en la principal

La administración de la Intendencia de Montevideo ha tolerado varios retrasos en el cumplimiento de lo acordado con sucesivos propietarios del edificio de 18 de Julio y Tacuarembó, cuyas obras se paralizaron en 1979. La presentación de un nuevo permiso de construcción se sigue dilatando. Al daño sufrido por promitentes compradores que adquirieron hace décadas futuras unidades en el pozo, se suma la alteración del perfil urbano y una avenida principal muy afeada.

Prórrogas que la IMM concedió en el año 2014.

La masa de ladrillos y hierros de 18 motivó en los últimos años diversas propuestas. El edil nacionalista Edison Casulo llegó a preguntar por qué no se decidió ceder el edificio al Ministerio de Vivienda. Mientras tanto, las traslaciones de dominio y las prórrogas de plazos en lo referente a los beneficios en la reliquidación de los adeudos continuaron comprobándose. También se discutió hasta cuándo resulta viable mantener vigentes los plazos para la realización de una nueva obra basada en la estructura de la actual. El 13 de junio de 2014, en la interna de la administración comunal surgió la duda, en la medida que el decreto 34.455 fijaba un plazo para terminar las obras pero no para la presentación de un proyecto. En base a una resolución de la Intendencia, el 17 de julio de 2014, la Junta Departamental facultó el otorgamiento de un plazo adicional de 24 meses para terminar las obras, en tanto se cancelaran deudas refinanciadas. Por el decreto, en 120 días debería haberse presentado el nuevo permiso de construcción. Galería Costa, Intendencia de Montevideo, Junta Departamental.

Las dos bibliotecas en interna comunal.

Ante el dilema de la Intendencia en cuanto a si era pertinente extender los plazos que al final se concedieron en julio de 2014, la asesoría legal del departamento de Recursos Financieros dictó un informe el 20 de junio de ese año dirigido a la división Administración de Ingresos. Se sostuvo que el beneficio fiscal concedido en 2012 por el decreto 34.455 "se sujetaba a la condición resolutoria de que en el plazo de 36 meses a partir de su promulgación, las obras se culminaran. No fue un plazo para presentar un permiso de construcción sino que se trataba de un plazo integral, en el que la meta era terminar la obra y que por tanto implicaba presentar un nuevo permiso de construcción (se mantuviera o no el proyecto original, el permiso de construcción inicial está caduco)". Se agrega que, entre más motivos, fue gracias al decreto de 2012 y el convenio de financiación de tributos adeudados, que se dio la traslación del dominio del inmueble.

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Buscar

Recomienda a tus Amigos

Enlaces de Interés

ADAPI
ANCEL (Duplicado de Facturas)
ANTEL (Duplicado de Facturas)
Arbitrajes de monedas
Banco de Seguros del Estado
BCU
BHU
BID - Uruguay
Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA)
BPS
BROU
Cédula Catastral (WEB)
Cédulas Catastrales Informadas
Censos Geográficos
Clima
CONEAT
CONFIANZA
Consulta de Expedientes Judiciales
Consulta de leyes (Parlamento)
Cooperativismo en la red.
Cotizaciones BROU
DGI
DGI (Liquidación IRPF 2010)
Duplicado de Facturas de Cía del Gas
Guía de Trámites
IMPO
Impuesto de Primaria (Duplicado)
Información Geográfica (Montevideo)
INSPEN
Instituto Nacional de Colonización
Instituto Nacional de Estadísticas
Intendencia de Canelones (Duplicado de Facturas)
Intendencia de Colonia (Duplicado de Facturas)
Intendencia de Maldonado (Duplicado de Facturas)
Intendencia de Montevideo (Duplicado de Facturas)
International Valuation Standars Comitte
Listas de control por lavado de activos
Mapas de Montevideo y otros.
Mapas de Uruguay (INE)
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Relaciones Exteriores - MRREE
Ministerio de Turismo y Deporte
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Mvdeo. by Google
Objetivo Paises
ONU - Estadística
OSE (Duplicado de Facturas)
Parlamento del Uruguay
Planos de Mensura (Topografía)
Poder Judicial
Portal del Estado Uruguayo
Presidencia de la República
Registro de Usuario
Secciones Policiales (Montevideo)
SENACLAFT
Tasas Máximas de Interés (BCU)
Técnicos registrados de Bomberos
UTE (Duplicado de Facturas)
Valizas - Rocha - Turismo

Suscribase al feed

feed-image RSS

Mi Cuenta

Registro de usuario

Registro de Usuario

Estado del tiempo

Quien está en línea

Tenemos 79 invitados conectado(s)