CASI 100 PERSONAS, 50 DE ELLAS MENORES DE EDAD, DEBERÁN MUDARSE EN BREVE

Escrito por Diario El País Domingo, 15 de Junio de 2014 17:59

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Desalojarán al Royal de Andes y 18

Cerca de 100 personas que habitan el edificio Royal de Andes y 18 de Julio serán desalojadas, según decisión judicial del Tribunal de Apelaciones. La mayoría son peruanos y uruguayos pero en los últimos meses se sumaron varios dominicanos.

La mayoría de los residentes son peruanos, uruguayos y dominicanos. Foto: D.Borrelli

La comunidad de vecinos del edificio Royal, ubicado en Andes 1342 y 18 de Julio, realizará hoy a las 14:00 horas, en la vereda céntrica, una actividad denominada "Por nuestro derecho a la vivienda". Se trata de una actividad recreativa con niños y jóvenes que habitan con sus familias el problemático edificio. Los promotores de la movilización indicaron que se pretende "compartir con la sociedad su preocupación por el fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er. Turno". Éste ratificó por unanimidad que los actuales moradores no adquirieron ningún derecho sobre los apartamentos. Por lo tanto quedó firme la sentencia del Juzgado Letrado de 2° Turno que había fijado como último plazo el 10 de junio de 2013 para que todos los residentes, a manera de intrusos, se retirasen en forma voluntaria. De lo contrario, se procedería al desalojo, calculado para abril de este año, cosa que hasta ahora no pudo concretarse debido a los recursos interpuestos ante la Justicia por los abogados defensores de los ocupantes.

La interna.

Quienes organizan la actividad de esta tarde, afirmaron que solicitan "públicamente la necesidad de buscar opciones de relocalización coordinadamente con el Estado". Algunas familias que estaban afincadas desde hace años ya habían acordado con los inversores su mudanza, cuando la Justicia planteó por primera vez el plazo del 10 de junio para la evacuación voluntaria del Royal. Dos vecinas dijeron a El País haberse ya trasladado hacia Parque del Plata, después de entrevistarse con abogados del representante de la sociedad anónima Ifamar que adquirió el bien en 2011, (un empresario uruguayo del ramo automotor). Según otra vecina, que no está dispuesta a involucrar a sus hijos en las actividades previstas para esta tarde en el hall y la vereda de 18 y Andes. "Ahora hay muchísima más gente; el piso 6 está completo con dominicanos, y en el piso 5 hay también otros. Abajo, en el piso 1, hay dos familias nuevas que vinieron con niños" En total, el edificio Royal tiene 49 apartamentos distribuidos en 15 pisos, la mayoría ocupados por familias de peruanos (que ya tienen hijos con doble ciudadanía), y también de uruguayos. Los representantes legales de estos vecinos ya habían declarado a El País en 2013 que se trata de "gente de trabajo". La abogada Ana Frontán, que defendía a los residentes, informó por entonces que vivían 50 personas, entre niños y adolescentes. Esa cifra se mantiene, (incluyendo a los 15 menores que son ciudadanos peruano-uruguayos), mientras la de adultos supera las 40 personas.

Antecedentes.

A nivel judicial, el primer expediente se abrió en la década de 1990, cuando la empresa Airenor SA era ya dueña del edificio Royal desde 1988. Como recordó el pasado viernes la diaria, informes periodísticos de aquella época (de Posdata), en el lugar operaba el narcotráfico, (vinculado al Cártel de Medellín, que blanqueó dinero al comprar el Royal y otros bienes en Uruguay). En 1994, el edificio quedó en un estado de abandono completo, refugio a la postre propicio para delincuentes locales de diversa especie. Allí se instalaron bocas de venta de droga y "casas de masajes" clandestinas, en donde ocurrieron varios hechos que nutrieron las noticias policiales. En 2001 se confiscaron todos los bienes de Airenor SA, incluidos el Royal. La adquirente Ifamar SA consiguió -entre 2012 y 2013- que la Intendencia de Montevideo la exonerara del pago de tributos, con sus multas y moras adeudadas desde el año 2001, cuando se liquidó la empresa Airenor.

Primeros acuerdos

En 2011 se había realizado un supuesto acuerdo entre la sociedad que compró el Royal y el primer abogado defensor de los intrusos. Se harían las mudanzas a cambio de US$ 50.000 a cada ocupante. Pero el abogado (chileno) desapareció, y nuevos defensores de los residentes dijeron que sus clientes fueron estafados por el profesional, y que US$ 50.000 era poco.